Explicación a Luis Zayas Marxuach

Durante el día de hoy, 16 de marzo de 2007, el Departamento de Salud comenzó la celebración de vistas públicas para la discusión de un nuevo reglamento que regularía las clínicas de aborto en Puerto Rico. Ante la convocatoria de estas vistas, diferentes sectores pertinentes han alzado la voz de alerta en contra de alguna de las medidas que inicialmente contenía el propuesto reglamento. La Procuradora de las Mujeres, representantes de las clínicas de aborto, defensores de derechos civiles, defensores de derechos de la mujer y hasta unas cuantas legisladoras de mierda (cuyos nombres me niego a detallar, mancillando con ello a mi recién estrenado blog) han tronado muy meritoriamente en contra de la simple posibilidad de que se intente poner la más mínima traba al derecho de la MUJER a terminar un embarazo no deseado.

No sé cómo se desarrollaron las vistas, pues no pude acudir y tampoco he escuchado noticias al respecto, así que esto no va más allá de un desahogo y de un medio para abordar la preocupación del cándido director de la Oficina de Asesores Legales del Departamento de Salud, Lcdo. Luis Zayas Marxuach. Es que él no entiende la razón de tanto revuelo, él no entiende "cuál es el issue con un instrumento de trabajo que no es final, que no obliga a nada", dijo. Él no entiende, pero según apareció publicado hoy en El Nuevo Día, a raíz de las expresiones de los mencionados grupos en cuanto a la inconstitucionalidad del reglamento propuesto, alegadamente se enmendó el mismo para su discusión en las vistas.

Y es que parece que recién esta semana, y a causa del revuelo que lo consterna, se enteró de que una agencia administrativa no puede, mediante un reglamento, legislar derechos de los ciudadanos. Aprendió que una agencia administrativa no puede, aún dentro del ámbito de las funciones que le fueron delegadas, restringir derechos de los ciudadanos que ni los mismos legisladores podrían restringir sin violar el debido proceso de ley sustantivo, entre otras cosas más comprensibles. Claro que, no pretendo hacer un escrito legal, primero porque no tengo suficiente información, pues reaccionó a lo publicado por los medios (tan poco confiable por incompleto) y segundo, porque estoy tan rabiosa que no podría esperar a hacer la investigación necesaria para argumentar con los más adecuados fundamentos. Simplemente, repito, escribo esto como una manera de canalizar el brote psicótico por el cual estoy atravesando gracias a esta noticia.

Las disposiciones más criticadas, y que alegadamente fueron eliminadas, fueron dos en particular. Una proponía que sólo en el primer trimestre podían realizarse abortos en las clínicas abortivas. En Puerto Rico ni siquiera hay límite de trimestres para la realización de un aborto; el único requisito del Código Civil es la consulta con un médico. Según la jurisprudencia más reciente de Estados Unidos, una ley no puede (y mucho menos un reglamento) imponer una carga indebida a las mujeres en la consecución del aborto. Si hubiese prevalecido esa disposición, ¿a dónde acudirían las mujeres con embarazos que excedan el primer trimestre? A los hospitales decía el reglamento... tendría el Estado que garantizar el mismo acceso que hasta ahora proveen estas clínicas para evitar una carga indebida. La otra medida exigía el consentimiento de ambos padres para que una menor de 21 años se pudiera someter a un aborto. Tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el Federal, han resuelto que para que una medida como esta sea constitucional es necesario que el estatuto provea un mecanismo en el que una joven pueda demostrar su capacidad para tomar esta decisión aún sin el consentimiento de los padres.

Yo francamente no entiendo (ahora soy yo la que no entiende), cómo es que estos "asesores legales" incluyeron estas medidas tan patentemente equivocadas en derecho (constitucional y administrativo) en el sospechoso reglamento. No sé si es por vulgar incompetencia o porque no anticiparon la reacción de los sectores interesados. ¿Acaso pensaron que pasaría desapercibido?

Si bien es cierto que "el documento" no es vinculante hasta que no cumpla con todo los trámites pertinentes, la verdad es que con cualquier intento de hacer más oneroso para las mujeres el poder ejercer su derecho al aborto, se nos van décadas de lucha de generaciones de mujeres y hombres que se han esforzado para que alcancemos un mayor grado de dignidad humana. Con cada nuevo intento de restingir el derecho al aborto crece el estigma social alrededor un procedimiento quirúrgico que representa una alternativa legítima más, en la vida de una mujer.

Es bien lamentable que tengamos que reaccionar tan vehementemente ante la menor provocación en contra de nuestro derecho a decidir lo que mejor nos conviene. Es lamentable, porque así reflejamos lo consciente que estamos de la precariedad de un derecho tan fundamental, ante tanto maldito hipócrita moralista, ante tanto maldito hipócrita religioso. No debería sorprenderme entonces, la incredulidad del Lcdo. Zayas Marxuach ante el "issue" generado.